El pasado 24 de diciembre se promugló un polémico decreto presidencial el cual crearía 1.208 nuevos puestos en la Procuraduría (Ministerio Público) para 2022 en pleno periodo electoral, pues en marzo se elegirá al nuevo Congreso y en mayo al sucesor del presidente Iván Duque.
La Procuraduría defendió la creación de los puestos porque tiene una «carga laboral, en materia disciplinaria, de al menos 75.000 procesos activos. De estos, a la fecha están en riesgo de prescripción aproximadamente 12.000; que deben ser evacuados en los términos previstos en la Ley».
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