Corrupción y violación de derechos, rodean a una serie de contratos celebrados a través de Ocad-Paz, sistema que aprueba los proyectos para la implementación del acuerdo final. Los contratos en cuestión estarían destinados para un proyecto que buscaba optimizar el acueducto y alcantarillado de dos corregimientos del departamento de Norte de Santander.
No obstante, el proyecto afecto la vida, la integridad y el territorio de 4.100 miembros de la comunidad Bari, divida en dos cabildos, Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Por este motivo, fue presentada una tutela, que hoy reposo en la oficina de la magistrada, Natalia Ángel.
De acuerdo con esta comunidad, el sistema de recolección y tratamiento construido en la quebrada Honduras, municipio de Convención, vulnero sus derechos. Puesto que, no se tuvo en cuenta que las aguas residuales irían a parar en un afluente hídrico que es de uso cotidiano para ellos.
En este lugar, también se llevan a cabo actividades importantes como pesca y pesca. Además, de otros eventos que fortalecen su cultura y ancestralidad y tienen lugar en las orillas de esta quebrada, las cuales quedarían estropeadas por las aguas sucias.
Mientras avanza la construcción de proyecto, líderes sociales de la comunidad indígena han solicitado a la alcaldía de Convención y al ministerio del interior, revelar detalles como las licencias ambientales y los estudios de suelo. De igual forma, piden que se adelante el proceso de consulta previa para que la comunidad demuestre si está a favor o en contra de la obra.
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