En noviembre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue invitado a un debate sobre control político para brindar detalles sobre el estado actual de las cárceles en el país. En ese plenario, un alto funcionario advirtió que las cárceles son hacinamiento y una crisis de acceso a la salud, por lo que dijo que presentaría un proyecto de reforma del departamento a la Asamblea Legislativa en marzo de 2023. Precisamente este jueves 29 de diciembre se conoció un proyecto de ley que permitirá realizar cambios tanto formales como esenciales en el ordenamiento jurídico nacional. El documento presentado a la próxima legislatura propone como primera medida reformar el Código Penal (Ley N° 599 de 2000) para transformar el sistema penitenciario en un sistema restaurativo e introducir penas alternativas a la prisión. En esta política de “menos cárcel”, el Ministerio de Justicia propone reforzar las medidas de arresto domiciliario, e incluso los detenidos pueden ser juzgados libremente.
Para tal efecto, se debe reformar el artículo 38 del Código Penal denominado “Requisito para otorgar la prisión domiciliaria”, aclarando las cuatro condiciones para otorgar este beneficio.
- La conducta punible se castiga con pena de prisión de ocho años o menos.
- Prueba del arraigo social y familiar del condenado
- Considerar otras condiciones para garantizar la libertad bajo fianza, por ejemplo, que el condenado no pueda cambiar su lugar de residencia sin permiso previo, prevenir los daños en el tiempo que determine el juez, estar personalmente presente ante las autoridades judiciales que supervisan la ejecución y facilitar el acceso a el convicto la persona encargada de revisar la residencia de ejecución. Te puede interesar: MP acusado de golpear en estado de ebriedad a su guardaespaldas, pero no agredió a nadie: «He sido blanco de una cacería de brujas»
Ahora, debido a los cambios en el sistema judicial y legal, la pena mínima para acceder a este beneficio aumentará de ocho a 12 años. Sin embargo, el juez de distrito debe decidir qué servicio público debe realizar el acusado para que la sentencia alternativa tenga sentido. El objetivo de la propuesta es reducir directamente las prisiones y, por lo tanto, reducir el hacinamiento. Al respecto, Osuna explicó a Radio Karakol: «Habrá que esperar a lo que diga el Congreso, pero esto se aplica a todos los delitos excepto los delitos sexuales y los delitos contra la conducta infantil y juvenil». Vale recordar que durante el debate de control político, el funcionario señaló un 170% de hacinamiento en comisarías, depósitos temporales y la propia URI. En respuesta, el Fiscal General señaló que actualmente hay 97.300 personas en los penales custodiados por el Inpec; 22.319 están en comisarías y 71.185 en prisión. En contraste, 1.561 personas estaban en la fuerza de respuesta inmediata y 2.900 estaban detenidas en las cárceles físicas del territorio, lo que eleva el total de personas detenidas a 195.265.
“Si la solución a este problema fuera fácil, entonces por supuesto que el gobierno anterior la habría encontrado, sin importar de qué color político fuera. Dicho esto, la solución no es fácil, es compleja”, dijo Osuna, por lo que también planteó la necesidad de reformar el actual sistema de justicia colombiano, incluidas las cárceles.
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