Después de años de restar importancia públicamente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia y amenaza de pandillas ilegales en la región, las autoridades de Bogotá, Cundinamarca y Meta ahora están considerando las últimas amenazas de un posible resurgimiento de las pandillas. El Frente 53 de las FARC decidió acogerlos y ejecutar los documentos primarios que rigen el plan de seguridad regional de Sumapá.
Así lo dio a conocer la alcaldesa Claudia López, quien actúa como representante del Consejo Ampliado de Seguridad, tres departamentos y sus municipios, así como de la fiscalía, funcionarios de la fuerza pública y representantes del Ministerio de Defensa. Los dos asistieron a la reunión para explicar los pasos para restaurar la paz a los residentes de la ciudad afectada. Estos incluyen una mayor vigilancia, una mayor presencia estatal y más investigaciones a cargo de la Defensoría del Pueblo, que, al igual que el gobierno de Meta, impuso sanciones a los grupos armados en Cubalar, Legian y la presencia de El Castillo.
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