Este martes (14 de noviembre de 2023), el Gobierno de Perú promulgó un decreto que modifica la Ley de Migraciones para implementar un procedimiento administrativo sancionador especial excepcional con el objetivo de agilizar la expulsión de personas extranjeras en situación irregular.
Este procedimiento sancionador se aplicará a aquellos individuos que ingresen al país sin someterse al control migratorio y a aquellos que realicen actividades que pongan en peligro o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana, estableciéndose estas acciones como infracciones según el artículo 58 de la Ley de Migraciones.
El procedimiento excepcional implica una audiencia única, ya sea virtual o presencial, que «no podrá exceder» las 24 horas desde la retención administrativa de la persona extranjera realizada por la Policía Nacional. Este proceso consta de una fase instructora y otra sancionadora, iniciando con la imputación de cargos por parte de la autoridad de migraciones, respaldada por un informe de la Policía Nacional, y concluye con la notificación de la resolución de la autoridad sancionadora.
En caso de que la infracción sea comprobada durante el proceso, Migraciones emitirá una resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata. Sin embargo, si se requieren acciones adicionales, el caso será derivado a las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario.
Asimismo, según la nueva ley, las empresas de transporte interprovincial estarán sujetas a sanciones por transportar a personas migrantes en situación irregular. La Superintendencia de Migraciones también tiene la facultad de sancionar a los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre que no proporcionen la información de registro y control de tripulantes «antes de las 48 horas de su arribo o zarpe al territorio peruano».
Adicionalmente, la normativa permite a Migraciones fiscalizar los servicios de hospedaje, quienes tienen la obligación de «facilitar» las acciones de verificación migratoria, ya que, de lo contrario, podrían ser sancionados.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó un día antes que las personas migrantes en situación irregular «deben regresar a su país, así de claro y sencillo, esa es la decisión que ha tomado el Gobierno». Añadió que el país solo permite la entrada a quienes cumplan con las normas, con el objetivo de garantizar la paz y seguridad de los 33 millones de peruanos.
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